Los proyectistas, entre ellos el diputado y sojero, Colym Soroka, sostienen que la Ley 6524 que declara estado de emergencia ante la pandemia sirve de soporte legal para aplicar esta medida que se extendería hasta el 31 de diciembre de 2021.
Se trata de USD 17,75 por tonelada de soja producida que debe pagar el productor en caso de que no haya declarado en el momento de la compra de semilla. Sin embargo, el Instituto de Biotecnología Agrícola, ve un peligro en esta iniciativa.
“Nos preocupa porque en el momento en que se libera totalmente, es decir que la empresa no puede cobrar más por traer una tecnología, probablemente vamos a volver al contrabando. Las empresas van a decidir que Paraguay no es un mercado interesante y van a emigrar a Brasil y Argentina, donde sí cobran y nosotros acá vamos a encontrarnos con productores que quieran esos productos y lógicamente vamos a volver al contrabando”, sostuvo al respecto la presidenta de la asociación, Simona Cavazzutti.
A esto se suma que también puede favorecer el mayor uso de semillas no certificadas.
Cavazzutti considera que si se piensa en el beneficio del agricultor, en realidad se debería discutir el costo de traslado de los granos a los puertos, que son impuestos por las multinacionales y donde no hay un manejo transparente.
Cifras. El proyecto aprobado el miércoles argumenta que las divisas de origen nacional que se transfieren a las multinacionales giran en torno a los USD 75 millones por año, teniendo en cuenta una producción de 10 millones de toneladas.
Fuente: Última Hora.