La Propiedad Intelectual igualmente se aplica a actividades como la producción, pues aquella está al servicio de esta en incorporar innovaciones tecnológicas que promuevan a su vez la sostenibilidad, la productividad y el desarrollo rural. De ahí que debe ser considerada como un factor a cuidar y resguardar. De no hacerlo, se corre el riesgo de desestimular la inversión y estancar la creatividad para un beneficio general, por culpa de un interés particular. Organismos internacionales han recordado igualmente la importancia de cuidar el derecho de Propiedad Intelectual. Así, en un texto de expertos del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), a finales del milenio pasado se advertía de los problemas generados por la falta de protección en este sentido. Se recordó que durante la segunda mitad de los años ochenta, varios países acusaron caída de sus exportaciones.
Ello motivó la generación de acuerdos y negociaciones para combatir más fuertemente la “piratería”. Además, a nivel local, la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (Dinapi) aprovechó estos días para exponer datos sobre el comercio ilegal en defensivos agrícolas. La actividad fue catalogada como “flagelo mundial”, por su impacto negativo. Según estimaciones, por lo menos un 15 % de las transacciones globales corresponden a recursos ilegales.
Esto representaría unos 8 millones de dólares por año, al 2016. Y no solo afecta directamente a las industrias locales, sino que también perjudican a los agricultores, a quienes pueden llevarlos al borde de la quiebra, todo ello sin contar con los perjuicios al ambiente y a la salud humana, recordó la Dinapi. Estamos hablando de toda una red organizada detrás del ilícito. Ciertamente puede ser una cruzada titánica, pero no por ello se dejará de intentar avanzar.
Porque en economías como la nuestra es igualmente importante defender las iniciativas que promuevan la legalidad, castiguen a los infractores y premien a quienes se mueven dentro del marco legal. De lo contrario, se premiará a los infractores y se castigará a los respetuosos de la ley. Y, lo peor, no habrá condiciones o al menos se podría afectar el interés de seguir innovando, creando e invirtiendo, afectando más la economía e impidiendo el desarrollo.