La Unión Europea (UE) podría prorrogar la vigencia de su reglamento sobre deforestación, la Resolución 1115, tras el pedido que planteó la Comisión y que debe pasar para su tratamiento en el Parlamento del bloque comunitario. La sugerencia de posponer la puesta en marcha de la normativa fue dada a conocer vía comunicado de prensa, por la cual se indicó que se reforzó el apoyo a la aplicación de la disposición, al tiempo de proponer doce meses “adicionales de introducción progresiva, en respuesta a las peticiones de los socios mundiales”.
Conforme el texto dado a conocer, la comisión publicó “documentos de orientación adicionales y un marco de cooperación internacional más sólido para apoyar a las partes interesadas mundiales, los Estados miembros y los terceros países en sus preparativos para la aplicación del Reglamento de la UE sobre deforestación. Habida cuenta de las observaciones recibidas de los socios internacionales sobre su estado de preparación, la Comisión también propone dar a las partes interesadas más tiempo para prepararse”.
La propuesta pasó ahora para su tratamiento en el Parlamento Europeo y su posterior aprobación o no en el Consejo del bloque comunitario, de aceptar la suspensión, “la ley se aplicaría el 30 de diciembre de 2025 a las grandes empresas y el 30 de junio de 2026 a las microempresas y las pequeñas empresas. Dado que todas las herramientas de implementación están técnicamente listas, los 12 meses adicionales pueden servir como un período de introducción gradual para garantizar una implementación adecuada y efectiva”, se puntualizó.
Cabe recordar que en los últimos meses se vinieron sumando voces de rechazo al planteamiento de la UE, entre ellos de Australia y Brasil, así como incluso algunas posturas disidentes dentro del bloque comunitario. En el caso de Paraguay, la posición fue de rechazo desde el primer momento, pues se establecían condicionamientos para exportar al “Viejo Mundo” productos procedentes de áreas deforestadas, afectando así a rubros tales como soja, carne, madera y otros, lo que activó el reclamo de sectores de la producción a nivel local.
“Teníamos razón en cuestionar desde el principio”, indicó Héctor Cristaldo, presidente de la Unión de Gremios de la Producción (UGP), una de las organizaciones más críticas a la aplicación de la normativa europea. “Desde un primer momento ya señalamos la inviabilidad de la resolución. Ahora se logró la postergación y la tarea es apuntar a otros mercados para diversificar los destinos de nuestras exportaciones”, comentó. Consideró que este tiempo debe servir a la UE para que recapaciten en la viabilidad de su propuesta.
Añadió que Paraguay cuestionó desde el primer momento la normativa porque generó más dudas que certezas y que, si bien, falta la aprobación política es un trámite que difícilmente se aparte de la propuesta de postergación. “La Comisión está intensificando los diálogos con la mayoría de los países afectados, lo que contribuirá a la rápida finalización del sistema de evaluación comparativa por países a través de una propuesta de acto de ejecución a más tardar el 30 de junio de 2025”, se refirió en otro párrafo del comunicado difundido.