El pronunciamiento se refirió a la causa que involucró a la firma Inversiones Agrícolas S. A., presunta víctima de un complejo esquema de estafas y despojos de tierras en el ámbito rural. De acuerdo con las investigaciones en curso, el principal responsable del entramado criminal habría sido Nivaldo Ouriques. La CAP, filial Alto Paraná, advirtió que el caso puso al descubierto la existencia de una organización criminal estructurada. Dicha red habría estado integrada no solo por particulares, sino también por funcionarios públicos.
Asimismo, se mencionó la participación de escribanos y abogados. Según la Coordinadora, estos profesionales habrían puesto sus funciones al servicio de actividades ilícitas. Las acciones denunciadas habrían causado un grave perjuicio económico. El impacto alcanzó tanto a productores individuales como a empresas del sector agrícola. Además del daño patrimonial, el esquema habría generado inseguridad en el campo. La CAP calificó los hechos como de extrema gravedad institucional.
En ese sentido, exhortó al Ministerio Público a profundizar la investigación. Pidió que las diligencias se extendieran hasta identificar a todos los responsables. Reclamó que las sanciones se aplicaran sin distinciones ni privilegios. La organización subrayó la necesidad de que prevaleciera el Estado de Derecho. También instó al Poder Judicial a actuar con firmeza e independencia. Solicitó que los jueces acompañaran el trabajo del Ministerio Público. Advirtió que la impunidad debilitaba la confianza ciudadana en las instituciones.
En otro punto, la CAP llamó a la responsabilidad del sector privado. Exhortó a empresas y entidades financieras a no brindar apoyo al grupo investigado. Alertó sobre el riesgo de facilitar directa o indirectamente sus actividades. Señaló que estas prácticas generaban zozobra y daño social en el ámbito rural. La Coordinadora recordó que la seguridad jurídica era un pilar del desarrollo. Indicó que resultaba indispensable para la inversión y la producción agrícola. Destacó que el campo era un motor clave de la economía nacional.
Afirmó que sin seguridad jurídica no había producción sostenible y que sin un campo protegido no existía desarrollo para el país. Finalmente, la Coordinadora Agrícola del Paraguay filial Alto Paraná reafirmó su compromiso gremial con la legalidad, ratificó su defensa del trabajo honesto de los productores y aseguró que seguiría acompañando las acciones contra el crimen organizado rural, concluyó el texto de la organización, siendo vocero Aurio Frighetto, presidente de la filial Alto Paraná Zona Norte, se indicó.
